Primera entrega de la serie «Huellas de una desaparición»
Hay desapariciones que no terminan cuando alguien deja de buscar. Hay ausencias que sobreviven al paso de los años, familias que envejecen esperando una noticia y personas que crecen sin conocer su verdadera identidad.
En los años setenta, un niño podía desaparecer en una ciudad y encontrarse, poco tiempo después, a cientos o miles de kilómetros, sin que existiera una manera sencilla de seguir su rastro. No había teléfonos móviles, internet ni bases de datos policiales interconectadas como las actuales. Las fotografías se distribuían en papel, las comunicaciones internacionales dependían del teléfono, el correo o el télex y cualquier investigación que atravesara una frontera podía convertirse en un proceso lento y complicado.
Un cambio de nombre, una partida de nacimiento alterada o una adopción irregular podían dificultar enormemente la reconstrucción de una identidad.
No todas las desapariciones eran consecuencia de un delito. Había accidentes, fugas de menores, conflictos familiares y desplazamientos provocados por guerras. Pero también existían secuestros, apropiaciones de niños, separaciones forzosas y redes que se beneficiaban de la vulnerabilidad de las familias.
Para quienes buscaban a sus hijos, las diferencias entre unas causas y otras no siempre resultaban evidentes. Lo único cierto era la ausencia.
Tres artículos, una misma historia: la búsqueda de la identidad
Con este reportaje iniciamos una serie de tres artículos dedicados a las desapariciones infantiles durante las décadas de 1970 y 1980, sus antecedentes y las personas que dedicaron buena parte de su vida a resolverlas.
En esta primera entrega, «Desaparecer en los años setenta», recorreremos algunos de los escenarios en los que niños y niñas desaparecían de sus familias, desde los casos que conmocionaron a la opinión pública estadounidense hasta la apropiación de menores en las dictaduras española y argentina.
El segundo artículo,«El negocio de las identidades robadas», abordará las adopciones ilegales, el tráfico de menores, las falsificaciones documentales y las posibles redes de intermediarios que obtuvieron beneficios económicos de estas prácticas. Prestaremos especial atención a las denuncias de bebés robados en hospitales y maternidades españolas.
Finalmente, «Detectives de la esperanza» nos acercará a las organizaciones, investigadores, asociaciones de familiares y científicos que hicieron de la búsqueda de desaparecidos una tarea permanente.
Tres historias conectadas por una misma pregunta: ¿puede alguien desaparecer de la vida de su familia sin desaparecer del mundo?


Un niño llamado Etan Patz: Nueva York, 1979
La mañana del 25 de mayo de 1979, Etan Patz, un niño de seis años, salió de su casa en el barrio neoyorquino del SoHo para dirigirse a la parada del autobús escolar.
Nunca llegó a subir al autobús.
Su desaparición desencadenó una búsqueda que, con el paso de los años, se convertiría en uno de los casos más conocidos de la historia estadounidense.
La fotografía de Etan circuló por periódicos, carteles y campañas de búsqueda. Su rostro terminó simbolizando el temor de miles de familias ante una realidad que parecía imposible de aceptar: un niño podía desaparecer a plena luz del día, cerca de su propia casa, sin dejar una pista concluyente sobre lo sucedido.
El caso contribuyó a modificar la percepción social de las desapariciones infantiles en Estados Unidos. En 1983, el presidente Ronald Reagan proclamó el 25 de mayo como Día Nacional de los Niños Desaparecidos, una fecha elegida en recuerdo de Etan.
Al año siguiente se fundó el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización sin ánimo de lucro destinada a coordinar recursos y contribuir a la búsqueda de menores desaparecidos y víctimas de explotación.
Pero aquella transformación institucional tardó años en llegar.
Durante buena parte de los setenta, la búsqueda de un menor dependía de los medios disponibles en cada localidad, de la colaboración entre policías y de la capacidad de las familias para mantener viva la atención pública.
Y cuando la desaparición tenía conexiones con otro país, las dificultades se multiplicaban.



España: los niños arrebatados a sus familias durante el franquismo
Para comprender las desapariciones infantiles en la España de los años setenta es necesario retroceder varias décadas, hasta la Guerra Civil y la inmediata posguerra.
Tras la victoria franquista en 1939, miles de hombres y mujeres fueron encarcelados por su vinculación con la República o por sus ideas políticas.
Entre las personas represaliadas había mujeres que ingresaron en prisión acompañadas de sus hijos pequeños o que dieron a luz mientras permanecían encarceladas.
La separación de madres e hijos formó parte de las consecuencias más dolorosas de aquella represión.
En determinadas circunstancias, los menores fueron entregados a familiares, instituciones asistenciales o centros de tutela. Otros quedaron sometidos a procedimientos administrativos que dificultaron o impidieron recuperar los vínculos con sus familias de origen.
El régimen justificaba parte de aquellas intervenciones mediante criterios ideológicos, morales y supuestamente protectores. La educación de los menores se vinculaba a la voluntad de apartarlos de la influencia política y social de sus progenitores.
Una disposición especialmente significativa fue la Ley de 4 de diciembre de 1941, que regulaba la inscripción en el Registro Civil de niños repatriados y de aquellos cuya filiación no había podido determinarse.
Aunque la norma no constituye por sí misma una prueba de sustracción, muestra cómo el Estado estableció procedimientos especiales para registrar a menores en situaciones de pérdida o desconocimiento de sus datos familiares. En un contexto de represión y separación forzosa, estas actuaciones podían tener consecuencias decisivas para la conservación de la identidad.
El problema no se limitaba a la desaparición física.
También existía otra forma de desaparición: la pérdida del nombre, de los apellidos y de la historia familiar.
Décadas después, la Ley de Memoria Democrática de 2022 reconocería expresamente entre las víctimas a los niños sustraídos y adoptados sin consentimiento libre y legítimo de sus progenitores como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura, así como a sus familiares.
El propio texto legal señala la evolución de estas prácticas: desde las separaciones vinculadas a la represión política hasta otras formas de vulneración de derechos que afectaron especialmente a mujeres en situaciones de vulnerabilidad social.
De las cárceles a las maternidades: nuevas denuncias en los años sesenta y setenta
Con el paso del tiempo, el contexto español cambió, pero continuaron produciéndose situaciones que, décadas más tarde, darían lugar a numerosas denuncias.
Algunas madres afirmaron que, después del parto, el personal sanitario les había comunicado que su hijo había fallecido. En ciertos casos denunciaron que nunca pudieron ver el cuerpo ni conocer con claridad las circunstancias del supuesto fallecimiento.
Otras familias comenzaron a sospechar cuando encontraron contradicciones en las partidas de nacimiento, los historiales hospitalarios, las inscripciones de defunción o la documentación de los enterramientos.
Entre las denunciantes había mujeres jóvenes, madres solteras y familias con escasos recursos económicos, particularmente expuestas a la presión social y a las decisiones de personas investidas de autoridad médica, religiosa o administrativa.
Las investigaciones posteriores también examinaron posibles adopciones irregulares, alteraciones de filiación y entregas de recién nacidos sin las garantías legales necesarias.
La Fiscalía española ha investigado numerosas denuncias relacionadas con estos hechos.
En 2020 recibió, entre otras actuaciones, una denuncia colectiva que describía cincuenta y seis casos situados entre 1952 y 1987, en distintas comunidades autónomas. Las familias denunciaban que, después de dar a luz en un centro hospitalario, se les había comunicado el fallecimiento del recién nacido.
Sin embargo, es necesario establecer una distinción fundamental: una denuncia no equivale a un delito demostrado. Las investigaciones judiciales han encontrado dificultades por el tiempo transcurrido, la ausencia de documentación y la imposibilidad de reconstruir de manera concluyente determinados acontecimientos.
Tampoco puede afirmarse, sin pruebas suficientes, que todos estos episodios respondieran a una única organización criminal.
Lo que sí resulta indiscutible es la existencia de numerosas familias que han buscado respuestas sobre lo sucedido a sus hijos y de personas que, al llegar a la edad adulta, comenzaron a cuestionar su propia filiación.
Esta parte de la historia española merece una investigación específica, que abordaremos en la segunda entrega de la serie.





Argentina: los niños desaparecidos durante la dictadura militar
Mientras España iniciaba su transición democrática tras la muerte de Franco, al otro lado del Atlántico comenzaba uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.
El 24 de marzo de 1976, un golpe militar instauró una dictadura que se prolongaría hasta 1983.
Miles de personas fueron detenidas ilegalmente y desaparecieron. Entre las víctimas había mujeres embarazadas que dieron a luz durante su cautiverio y padres cuyos hijos pequeños fueron secuestrados junto a ellos.
Numerosos menores fueron apropiados y registrados con identidades diferentes, en ocasiones por personas vinculadas al aparato represivo.
A diferencia de otros casos de desaparición infantil, en Argentina se ha acreditado judicialmente la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores en el contexto del terrorismo de Estado.
Las consecuencias fueron devastadoras.
Los padres desaparecían. Los hijos eran separados de sus familias y algunos crecían sin conocer su verdadero origen.
En 1977, un grupo de mujeres comenzó a organizarse para buscar a sus nietos. De aquella iniciativa surgieron las Abuelas de Plaza de Mayo.
Sin disponer de los recursos científicos que existirían años después, recorrieron juzgados, hospitales, orfanatos y registros administrativos. Recogieron testimonios, contrastaron fechas de nacimiento e investigaron adopciones sospechosas.
Su trabajo se convirtió en un ejemplo extraordinario de perseverancia.
Aquellas mujeres no buscaban únicamente a unos niños desaparecidos. Buscaban también el derecho de cada uno de ellos a conocer su verdadera identidad.
Con el tiempo, su esfuerzo abriría una puerta que hasta entonces parecía cerrada: la posibilidad de demostrar científicamente el parentesco entre abuelos y nietos, incluso cuando los padres no estaban presentes.
Cruzar una frontera era perder una pista
Las desapariciones internacionales planteaban dificultades especialmente complejas.
En los años setenta ya existían organismos de cooperación policial, entre ellos Interpol, cuya fundación se remonta a 1923. También funcionaban servicios humanitarios especializados en localizar personas separadas de sus familias, como los de la Cruz Roja y el Servicio Social Internacional.
Sin embargo, su existencia no significaba que cualquier desaparición pudiera resolverse mediante una simple consulta.
Los registros nacionales no estaban integrados en un sistema universal de búsqueda. Las normas sobre adopción, filiación y protección de menores variaban de un país a otro, y la circulación de información dependía de procedimientos administrativos y acuerdos de cooperación.
Si un niño había sido trasladado al extranjero y registrado con otra identidad, relacionarlo con una denuncia presentada en su país de origen podía resultar extraordinariamente difícil.
Una familia podía conservar una fotografía, una fecha de nacimiento y unos pocos recuerdos. Al otro lado de la frontera, el menor podía vivir con otro nombre y una historia familiar completamente diferente.
El problema se agravaba si habían intervenido falsificaciones documentales, intermediarios deshonestos o autoridades que no habían comprobado adecuadamente el origen del niño.
Esta realidad histórica explica por qué algunas búsquedas se prolongaron durante décadas.
Y también por qué la cooperación internacional y la identificación genética terminarían cambiando profundamente la investigación de personas desaparecidas.
La revolución que comenzó en los años ochenta
Durante gran parte del siglo XX, las pruebas de parentesco se apoyaban en el estudio de los grupos sanguíneos y de otros marcadores biológicos, con posibilidades limitadas para confirmar determinadas relaciones familiares.
En los años ochenta, los avances científicos permitieron desarrollar métodos mucho más precisos.
La experiencia argentina desempeñó un papel fundamental.
Las Abuelas de Plaza de Mayo colaboraron con científicos para encontrar una solución a un problema aparentemente imposible: identificar a un nieto cuando sus padres habían desaparecido.
De aquella colaboración surgió el desarrollo del denominado índice de abuelidad, basado inicialmente en el análisis estadístico de marcadores genéticos.
En 1984 se produjo una identificación emblemática mediante estas técnicas. Tres años después, Argentina creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, destinado a conservar información genética de las familias y facilitar la identificación de los menores apropiados durante la dictadura.
Fue un cambio decisivo.
Una búsqueda que antes dependía de fotografías, testimonios o documentos podía incorporar pruebas biológicas de parentesco.
La genética no sustituía a la investigación histórica ni resolvía por sí sola todos los casos. Pero ofrecía una herramienta nueva para responder a una pregunta que había acompañado durante años a muchas personas:
¿Soy realmente quien siempre he creído ser?
Una espera que puede durar toda una vida
Detrás de cada expediente de desaparición hay algo más que una fecha y un nombre.
Hay habitaciones que permanecieron intactas durante años, fotografías que envejecieron sobre una mesa y familias que aprendieron a convivir con una ausencia imposible de explicar.
También hay personas que llegaron a la edad adulta sin sospechar que su historia familiar podía ser diferente de la que les habían contado.
Para unas, descubrir la verdad significó reencontrarse con sus orígenes. Para otras, supuso enfrentarse a una realidad dolorosa: comprender que una parte de su vida había sido construida sobre silencios, documentos falsos o decisiones tomadas por otros.
No todas las búsquedas concluyeron en un reencuentro. Algunas terminaron con la confirmación de una muerte; otras permanecieron abiertas durante décadas.
Pero todas dejaron una enseñanza: la identidad no es únicamente un nombre escrito en un documento. También está formada por los recuerdos, los vínculos afectivos, la memoria compartida y el derecho a conocer la propia historia.
La literatura ha encontrado en estas experiencias una fuente inagotable de preguntas.

En Soy Amanda. Estoy aquí, la nueva novela de Antonio Bustamante, la desaparición de una niña y la búsqueda de su identidad constituyen el punto de partida de una historia de misterio, memoria y secretos familiares.
Aunque se trata de una obra de ficción, las preguntas que plantea pertenecen también a la realidad de muchas familias: ¿qué ocurre cuando alguien desaparece durante años? ¿Es posible recuperar el tiempo perdido? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para descubrir la verdad?
Y, sobre todo, ¿qué sucede cuando el pasado regresa para cuestionar todo aquello que creíamos saber?
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El negocio de las identidades robadas
Adopciones ilegales, tráfico de menores, documentos falsificados y las denuncias de bebés robados en hospitales españoles.
¿Quién podía beneficiarse de la desaparición de un niño? ¿Cómo podía alterarse una filiación? ¿Qué sabemos realmente de las redes de intermediarios y de los casos investigados?
En la segunda entrega de «Huellas de una desaparición» intentaremos responder a estas preguntas a partir de hechos documentados, investigaciones judiciales y testimonios históricos.
Fuentes y lecturas recomendadas
1. Boletín Oficial del Estado. Ley de 4 de diciembre de 1941 sobre inscripción de niños repatriados y abandonados. BOE, 16 de diciembre de 1941.
2. Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Especialmente el reconocimiento de los menores sustraídos y sus familiares.
3. Fiscalía General del Estado. Memorias de 2021 y 2026, relativas a las investigaciones por sustracción de recién nacidos.
4. National Center for Missing & Exploited Children. Our History. Historia de la organización y del caso Etan Patz.
5. Abuelas de Plaza de Mayo. Nuestra historia y Los aportes de la ciencia. Documentación sobre la búsqueda y restitución de identidades.
6. Comité Internacional de la Cruz Roja. The Central Tracing Agency. Historia de sus servicios de búsqueda y reunificación familiar.
7. Interpol. Nuestra historia. Antecedentes y evolución de la cooperación policial internacional.
8. Servicio Social Internacional. Nuestra historia. Cooperación transfronteriza y protección de familias desde 1924.