El 5 y 6 de diciembre de 1928, el Ejército colombiano asesinó a miles de mujeres, hombres y niños en Ciénaga, Magdalena,Colombia, en lo que se conoció como la masacre de las bananeras. La matanza de los militares buscó proteger los intereses de la multinacional United Fruit Company.
En la década de 1920, el departamento del Magdalena, en el caribe colombiano fue el epicentro de la producción bananera que lideró la multinacional United Fruit Company. Esta multinacional controló el mercado del banano en varios países de centro América y el Caribe.
La United Fruit Company se apoderó de extensiones de tierras en la región para garantizar la producción de banano. Igualmente, se aseguró de traer a miles de personas de diferentes regiones del país para que trabajaran como obreros en las plantaciones bananeras.
La historiadora Judith White señala que a finales de los años veinte, en la economía a nivel global era evidente la dominación de la United Fruit Company sobre el mercado internacional del banano, sin embargo era desafiada por algunas compañías que lograban reducir los costos de producción de la fruta. Para mantener su participación en el mercado, esta multinacional buscó reducir los costos de producción. De igual forma, en esos años la zona bananera de Santa Marta, dejó de ser económicamente competitiva: el banano colombiano pesaba menos que los de Centroamérica, además los fletes desde Colombia hacia los Estados Unidos eran mayores.
Por otra parte los movimientos revolucionarios habían ganado importancia en amplias reivindicaciones de los sectores populares, los cuales sufrían enormes condiciones de desigualdad y miseria. Los trabajadores de esta multinacional estadounidense y sus familias sufrían enfermedades, falta de acceso a la salud, hambre, carecían de acceso a la educación entre otros derechos. La situación que sufrían y el clima de luchas populares incentivó a los trabajadores a buscar organizarse para exigir a la United Fruit Company mejores condiciones laborales.
Tras organizarse los trabajadores definieron unas reivindicaciones y buscaron sentarse a dialogar con la United Fruit Company, a la que le presentaron estas reivindicaciones:
- Seguro colectivo obligatorio
- Reparación por accidentes de trabajo
- Habitaciones higiénicas y descanso dominical
- Aumento en 50 % de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales
- Supresión de los comisariatos
- Cesación de préstamos por medio de vales
- Pago semanal
- Abolición del sistema de contratista
- Mejor servicio hospitalario.
Estas elementales exigencias fueron rechazadas por las directivas de la empresa, que se negaron a sentarse a dialogar con los dirigentes obreros.
La United Fruit Company consideraba las demandas de los trabajadores como una amenaza a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, la compañía tendría que aumentar los salarios y el precio de compra a los cultivadores colombianos. Por lo tanto, la United Fruit Company se negó a negociar. La compañía argumentó que la huelga no podía ser considerada como un paro legítimo de trabajo, sino como una rebelión contra la autoridad establecida, fomentada por agitadores extraños al conflicto.
Cuando la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena escribió el pliego de peticiones, no solamente le envió copias a la United Fruit Company, también al Presidente de la República, al Congreso y al Ministerio de Industrias. Los trabajadores solicitaban al Gobierno que admitiera la legalidad de sus demandas, y pidieron a la Oficina General del Trabajo que mediara entre ellos y la United Fruit Company.
Sin embargo, el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez buscó proteger los intereses de la United Fruit Company, por lo cual encargó al General Carlos Cortés Vargas para que acabara con la protesta iniciada por los trabajadores.
Tras varias protestas por parte de los trabajadores y de continuas detenciones que realizaba el Ejército, el General Carlos Cortés Vargas, el Gobierno y sobre todo la multinacional United Fruit Company presionaron para que la huelga fuera finalizada a toda costa. Incluso enviaron soldados de Antioquia, pues el general consideró que los de la región no actuarían, pues tenían relaciones familiares y de vecindad con la gente de la región.
En la noche del 5 de diciembre, el coronel se concentró en la plaza de Ciénaga con un contingente de aproximadamente 300 soldados traídos de los departamentos de Antioquia y Boyacá. Los manifestantes, se preparaban para otra movilización pacífica, seguros de que el Ejército no dispararía, por lo que nadie se inmutó frente a las amenazas del militar. Cuando empezaron los disparos el horror se apoderó de las personas en la plaza, mientras los nidos de ametralladora disparaban indiscriminadamente contra los manifestantes.
El general dejó intencionalmente nueve cadáveres en la plaza para que los trabajadores supieran que los nueve puntos de su pliego habían muerto.
Se desconoce el número de muertos que dejó la masacre. Después del seis de diciembre continuaron los días de terror a manos del ejército colombiano. Según el general Cortés Vargas solo hubo 9 muertos, el embajador norteamericano de la época admitió que la cifra podía llegar a 1000 personas asesinadas, el dirigente Sindical Alberto Castrillón aseguro que la cifra ascendía a 5000 muertos.
Subgerencia Cultural del Banco de la República